ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CLIENTELISMO POLÍTICO EN ANDALUCÍA

Por Concha San Martín, arqueóloga y conservadora de museos, funcionaria de la Junta de Andalucía.

La naturalidad con que el ex – Director General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, en la entrevista que concedió al programa televisivo “El Intermedio”, exponía la forma magnánima y bondadosa con que repartía las ayudas públicas de los ERE a todos los que se le acercaban, da una idea de hasta qué punto de perversión ha llegado el sistema público en Andalucía.

Guerrero no es un caso aislado, no es un sinvergüenza que actuaba por su cuenta y que se quedaba con parte de ese dinero público y se lo gastaba en cocaína o enchufaba ilegalmente a amigos y familiares, como nos han querido hacer creer. No es una anomalía del Gobierno andaluz, muy al contrario, lo representa a la perfección.

La forma en que se ha ido organizando y desarrollando la Junta de Andalucía, a lo largo de los últimos 30 años, ha permitido y sigue permitiendo que haya muchos “Guerreros” que gestionan el dinero y otros recursos públicos como si fueran propios, a favor del PSOE y sus clientes. Un beneficio en el que la parte menos importante, pese a su gravedad, es la de la financiación ilegal del partido o las sisas más o menos abultadas de ciertos cargos públicos, que hemos podido conocer. Lo peor, lo más reprobable y anti-democrático del sistema, es el mantenimiento de toda una red clientelar que sostiene y mantiene en el poder al PSOE, legislatura tras legislatura, en base a cuatro estrategias que se han convertido en rasgos estructurales de la Administración andaluza:

1. Control político de las potestades administrativas de los funcionarios mediante un uso abusivo y una regulación premeditada de los puestos de libre designación, que existen en todas las administraciones del Estado, pero que en la Junta de Andalucía alcanzan a todos los puestos de responsabilidad en la contratación y gasto público, amén de a las direcciones de todo tipo de instituciones o centros públicos, salvo los educativos.

2. Contratación fraudulenta de numeroso personal técnico, en régimen de autónomos, mediante contratos de consultoría y asistencia técnica, para desempeñar funciones propias de un puesto de funcionario o de personal laboral público, mientras que la Inspección de Trabajo apenas ha abierto expedientes por ello. Estos trabajadores, contratados “en forma de simulación” -¿os suena?- como profesionales libres autónomos, fueron muy abundantes en los servicios públicos en los años del despilfarro y despedidos abruptamente en los primeros años de la crisis, engrosando la cifras del paro, pero no las de destrucción de empleo, ya que no ocupaban ningún puesto, pero si tenían mesa, ordenador, teléfono en las sedes administrativas, vacaciones y bajas maternales o de enfermedad encubiertas. Una parte de ellos y ellas ganaron juicios que les proporcionaron un puesto de trabajo sin cumplir los principios de publicidad, igualdad de oportunidad y mérito que debe cumplir legalmente la selección del personal de las administraciones públicas. El resto se fue al paro sin derecho al desempleo. Todos habían sido enchufados por la puerta falsa; unos no se ganaban el salario que cobraban en forma de factura y otros estaban sobreexplotados, haciendo horas extraordinarias sin cobrarlas. Pero todos eran trabajadores privados de sus derechos por la Junta de Andalucía a cambio de un empleo. ¿Y los sindicatos qué hicieron? En general, nada, contemplar pasivamente la proliferación de estos trabajadores sin contrato laboral ¿Y los interventores que la Consejería de Hacienda tiene en todos los servicios centrales y periféricos de la Junta de Andalucía qué hacían? Pues precisamente estos funcionarios, que tiene que fiscalizar de forma independiente el gasto público pero que paradójicamente ocupan su puesto por libre designación, se tragaban trolas como catedrales y fiscalizaban año tras otros unos contratos de títulos enrevesados y objetivos creativos para camuflar torpemente lo que debería haber sido objeto de una contratación laboral.

3. Creación abusiva de empresas y agencias públicas, infladas de personal y sobre todo de puestos directivos, con el objetivo de gestionar el dinero público sin el control técnico y fiscal de los funcionarios. Lo que era un mecanismo complementario, justificado solo para la gestión de determinados servicios públicos, se ha convertido en una profusión injustificada, una administración paralela, en muchos casos innecesaria, servida mayoritariamente –aunque no totalmente- por empleados contratados mediante convocatorias opacas y bastante sospechosas y dirigidas por directivos totalmente fieles y entregados a las directrices partidistas de sus empleadores.

4. La cesión de responsabilidades y funciones de la Administración Pública a las organizaciones sindicales a cambio de la paz social, de diversas formas de subvención y financiación económica –más allá de los fondos públicos estrictamente destinados al sostenimiento de los sindicatos- y de su silencio cómplice ante la presencia de trabajadores sin contrato bajo la forma de autónomos descrita anteriormente o ante las sospechosas y a veces escandalosas formas de selección de personal en las empresas y agencias públicas. Más allá de la defensa de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, en la Administración pública de la Junta de Andalucía, los sindicatos mayoritarios han asumido – porque la Junta de Andalucía ha hecho dejación de las mismas- funciones de organización o supervisión de los servicios, de formación de los empleados públicos o de gestión de ayudas públicas, como en el caso de los ERE, que han conformado un conglomerado bien cohesionado de intereses político-sindicales en beneficio de los respectivos clientelismos.

Este es el entramado que permite fraccionar ilegalmente contratos para subdividirlos en contrataciones menores que son de libre adjudicación, sin necesidad de un concurso público; o bien, en caso de ser inevitable éste, tener mayores posibilidades de manipulación en base a la condición de funcionarios de libre designación de la mayoría de quienes integran las mesas de contratación. Es también el que proporciona los informes técnicos de la Administración andaluza necesarios para aprobar actuaciones y proyectos contrarios a la normativa medioambiental o urbanística o para modificar ésta adecuándola a los intereses particulares de las alianzas político-empresariales que tantos beneficios económicos y electorales ha reportado al PSOE: la responsabilidad del desarrollo urbanístico descontrolado, no ha sido solo de los municipios, sino más bien de la Consejería competente que lo ha permitido desde su ineficacia y su falta de actuación nada inocente. Este control político partidario de los servicios públicos es también el que pretender ocultar lo que es un secreto a voces en Andalucía: que en los hospitales públicos andaluces también la gente se está muriendo por los recortes – ¡no que va, eso solo ocurre allí donde gobierna el PP- o que las esperas de ciertas operaciones están produciendo dramáticas discriminaciones en función del dinero y engrosando la cuenta de resultados de los hospitales privados -¡no que va, esos solo ocurre en Madrid y Castilla- La Mancha!; o que han cerrado numerosos centros de asistencia a personas con dependencia, gestionados por Asociaciones u ONG´s, porque los pagos de las subvenciones concedidas por la Junta se demoraban tanto en estos últimos años, que no pudieron aguantar y que, consecuentemente, muchas andaluzas no pueden intentar buscar un empleo o emprender un negocio, porque tienen que cuidar de sus familiares dependientes.

Pero sobre todo, los mayores beneficios políticos de este sistema los ha obtenido el PSOE andaluz del control de la distribución de subvenciones y ayudas públicas, del manejo de su temporalidad en función de las encuestas y las convocatorias electorales, así como de una discrecionalidad arbitraria disfrazada de exquisita concurrencia pública.

Y de esta manera, durante estos más de 30 años hemos visto en Andalucía a unos cargos políticos repartiendo contratos, subvenciones, ayudas y empleos públicos con liberalidad aristocrática, como si en lugar del dinero de los contribuyentes estuvieran empleando el suyo propio. Y también hemos visto una manipulación política de los procedimientos técnicos y económicos y una duplicación de estructuras administrativas en la Junta de Andalucía para un mejor servicio de los intereses partidistas.

No estoy defendiendo que no haya libre designación entre los funcionarios o empleados públicos de mayor mérito, para determinados puestos directivos, que pueden ser imprescindibles para el impulso de determinados proyectos y servicios, pero su uso debe ser muy medido y estar justificado dentro de un proceso participativo y abierto a todos los empleados y empleadas públicos, con garantía de respeto a la publicidad, la igualdad y el mérito y transparente para toda la ciudadanía. Lo mismo cabe decir de la creación de Empresas o Agencias públicas. En cuanto a los contratos de consultoría y asistencia solo hay que cumplir la legalidad; la mayoría de los que se han hecho en estos más de 30 años en la Administración andaluza eran un fraude de ley evidente para cualquiera que quisiera verlo, pero la mayoría de los interventores e interventoras de Hacienda, que fiscalizaban esos contratos, han resultado ser bastante cegatos o crédulos. Y, por último, respecto a las relaciones con las organizaciones sindicales, una cosa es la cooperación necesaria para el desarrollo de programas de salud e higiene laboral, de formación de los trabajadores o de organización de los servicios y otra muy distinta confundir la función pública y el interés general con los intereses de los trabajadores públicos, que no siempre son coincidentes, y permitir la injerencia de los sindicatos en ámbitos técnicos, administrativos o económicos que no les corresponden , en beneficio una vez más de la alianza clientelar político-sindical.

Ya es hora de que la ciudadanía deje de sostener un “Régimen” que ha feudalizado y empobrecido la gestión de lo público en Andalucía para emprender la conquista democrática de su Gobierno, abrir su Administración y servicios públicos a la participación ciudadana y ponerlos al servicio del Bien Común.

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